Rodrigo Javier Garrón Bozo

‍Es abogado titulado por la Universidad Católica Boliviana, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, con Postgrado Jean Monnet en la misma universidad, y doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Mayor de San Andrés. Además es autor de publicaciones académicas en Bolivia y en el extranjero.

Con más de 26 años de ejercicio profesional, especializado en Derecho Comunitario, Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. A lo largo de su trayectoria ha combinado el ejercicio jurídico privado, la docencia universitaria y la participación institucional, con un enfoque centrado en el desarrollo empresarial, la protección de los derechos de propiedad industrial y el diseño de estructuras societarias y esquemas de gobierno corporativo. El año 2004 fundó el bufete de abogados Garrón-Bozo, desde el cual asesoró a empresas nacionales e internacionales. Fue árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), así como integrante de diversas instituciones y empresas. En el ámbito académico, fue catedrático y Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana – Sede Santa Cruz (2016–2020), habiendo dictado cátedra además en la Universidad Andina Simón Bolívar, en sus sedes de Bolivia y Ecuador, en la Universidad Privada Boliviana (UPB) y en la Universidad de Piura, en Perú. El 16 de enero de 2026 fue posesionado como Magistrado Supranacional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito, luego de haber ejercido como Primer Magistrado Suplente del mismo Tribunal entre 2020 y 2023.

“En el plano subjetivo, siento que uno de los logros más relevantes para mí fue lograr un equilibrio sostenido entre el desarrollo profesional y la vida familiar, habiendo fundado y consolidado un despacho de abogados con presencia en casi todo el país, gracias a una robustecida e influyente red de corresponsalías con reconocidos abogados, y con oficinas propias en La Paz desde hace 22 años y Santa Cruz hace 17 años, cuyo crecimiento ha sido constante y sostenido en los diferentes nichos especializados en los que la firma se desenvuelve, al mismo tiempo que mantuve un estilo de vida familiar estable”.

Asimismo, considero fundamental haber mantenido a lo largo de mi vida profesional una actitud inquieta y proactiva en la construcción y fortalecimiento institucional, tanto en el ámbito académico como en el profesional. En ese marco, participé en la fundación de la Sociedad Internacional de Derecho Comunitario e Integración (SIDECI), junto con destacados juristas de distintos países de Sudamérica, institución de la cual fui su primer presidente y que hoy cuenta con una presencia relevante en el ámbito del Derecho Comunitario, particularmente en la Comunidad Andina. De igual forma, fui cofundador de la Asociación Cruceña de Propiedad Intelectual (ACPI), junto con colegas de reconocida trayectoria en Santa Cruz y a nivel nacional, organización que también presidí en su primera etapa y de la cual debí separarme al asumir funciones como Magistrado Supranacional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede en Quito.

En esa misma línea, fui cofundador de CABOLCORP – Comunidad de Abogados Corporativos de Bolivia, junto con otros abogados y firmas legales de reconocida trayectoria en el país. Esta comunidad reúne actualmente a profesionales y estudios jurídicos corporativos de referencia a nivel nacional y se ha consolidado como un espacio de articulación, debate y fortalecimiento del ejercicio profesional, con altos estándares de credibilidad dentro del gremio de la abogacía.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
como guardián de la integración regional

Cuando se habla de integración regional en Sudamérica, el debate suele centrarse en lo político o en lo comercial. Mucho menos visible —aunque decisivo— es el rol que cumple la justicia supranacional. En el ámbito andino, ese rol lo desempeña el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), órgano encargado de garantizar la aplicación e interpretación uniforme del derecho comunitario en los Países Miembros (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú).

El Tribunal fue creado en 1979 y comenzó a funcionar en 1984, convirtiéndose, con más de cuatro décadas de actividad, en uno de los tribunales supranacionales más activos del mundo, actualmente conformado por 4 magistrados, propuestos cada uno de ellos por cada País Miembro y elegidos por unanimidad por los representantes plenipotenciarios convocados para el efecto, con sede en Quito.

A través de sus sentencias y, especialmente, de las interpretaciones prejudiciales, el TJCA asegura que el derecho andino se aplique de manera homogénea en toda la subregión, con el objetivo de dotar de seguridad jurídica al proceso de integración y velar por su cumplimiento.

Las áreas donde el TJCA ha tenido mayor influencia histórica han sido propiedad intelectual, derecho aduanero, comercio intrarregional, competencia, transporte y telecomunicaciones, fortaleciendo un mercado subregional que hoy alcanza a más de 117 millones de habitantes. Las actividades de este órgano jurisdiccional impactan directamente a los Estados, empresas y ciudadanos, y condiciona la forma en que se toman decisiones económicas y regulatorias en los países miembros.

En el caso boliviano, la importancia del Tribunal adquiere una dimensión constitucional, dado que a partir del Art. 410 de la Constitución Política del Estado, el derecho comunitario forma parte del bloque de constitucionalidad. Esto significa que tanto el Acuerdo de Cartagena como el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y toda la normativa derivada del sistema andino, integran el orden constitucional boliviano y, consecuentemente, el derecho comunitario ha quedado plenamente incorporado a la estructura constitucional del Estado.

No obstante lo señalado, es importante destacar que la normativa comunitaria se aplica con preferencia a las leyes nacionales, incluso a las constitucionales, lo cual no implica una superioridad jerárquica per se, sino una preferencia aplicativa funcional a los fines integracionistas.

Como consecuencia de lo señalado, la judicatura andina se sitúa en una jerarquía equiparable a los más altos órganos jurisdiccionales de los Países Miembros, tal como es el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional o el Tribunal Supremo de Justicia, con la diferencia ya nombrada que, las decisiones del Tribunal Andino prevalecen cuando está en juego el derecho comunitario.

En virtud a lo indicado, las sentencias del Tribunal Andino son obligatorias y vinculantes, tanto para autoridades administrativas como para las autoridades judiciales, e incluso, para los árbitros que actúan en la esfera privada.

Es fundamental destacar que la jurisprudencia del TJCA se ha cumplido y aplicado casi rigorosamente, especialmente en ámbitos como la propiedad intelectual, donde el diálogo entre jueces nacionales y Oficinas Nacionales Competentes (como es el caso del SENAPI), han permitido consolidar criterios estables y previsibles, principalmente a través de la Interpretación Prejudicial, que es el mecanismo expedito de cooperación judicial mediante el cual el TJCA aclara o interpreta la normativa andina para que sea correctamente aplicada por las autoridades nacionales o jueces, bajo alternativa de que puedan ser procesados por incumplimiento al derecho comunitario.

Hoy en día, el TJCA enfrenta retos importantes en diferentes dimensiones. Por una parte, difundir con mayor fuerza y alcance la aplicación del derecho comunitario y sus mecanismos entre las autoridades nacionales y jueces de todos los Países Miembros, y por otra, consolidar y robustecer mediante nueva jurisprudencia, toda la doctrina que el Tribunal ha acumulado en más de cuatro décadas, sobre todo con miras a afrontar los nuevos desafíos tecnológicos, las inversiones intracomunitarias, la ampliación de mercados y la igualdad entre los Países Miembros, empresas y ciudadanos.

Es de esperar que a partir de la nueva visión de País formulada por el Presidente Rodrigo Paz respecto a la dimensión exterior del Estado, que se puede resumir en llevar Bolivia al Mundo, y traer el Mundo a Bolivia, los procesos de integración supranacionales e intergubernamentales, como son el caso de la CAN y de MERCOSUR, respectivamente, reciban un importante impulso y apoyo para consolidar la participación de Bolivia en ambos foros y, sobre todo, aprovechar de los beneficios que conllevan estos bloques de integración.

Finalmente, se debe destacar que la jurisprudencia y doctrinas del TJCA, se han convertido con el paso del tiempo, en las garantías de seguridad jurídica e integración efectiva, contribuyendo a sostener uno de los procesos de integración más estructurados de América Latina como es la CAN.