PPO Indacochea firma legal

Para la portada y centrales de este Especial Legal, hemos invitado a la firma líder en nuestro país: PPO Indacochea, resultado de la fusión estratégica entre PPO Abogados e Indacochea & Asociados—dos de las firmas más reconocidas y respetadas de Bolivia, que cuenta con el equipo de abogados más grande y la cobertura geográfica más amplia del mercado.

Su experiencia y estrategia los pone en una posición única para ofrecer soluciones legales innovadoras, multidisciplinarias y alineadas con las necesidades del mundo empresarial, en el que la visión local se potencia con alcance global.

Nuestro Especial este enfocado en presentar artículos de valor vigentes e importantes, por lo que te presentamos este aporte escrito por Diego Böhrt y Américo Romero:

La necesidad de reformas estructurales al Derecho Administrativo

Bolivia entró al siglo XXI con una administración pública aún marcada por estructuras del siglo XX. Pese a la Ley 2341 y a la constitucionalización de garantías básicas, persisten factores que encarecen la actividad regulatoria, por lo que la dificultad principal no reside en la existencia de regulación, sino en la insuficiente motivación y la inconsistencia de criterios.

a. Un Estado que regule con previsibilidad y garantías
Un Derecho Administrativo funcional exige reglas claras y procedimientos estandarizados y decisiones fundamentadas, con identificación de la norma aplicable y razonabilidad del criterio.

Cuando la práctica se aparta de estos estándares, el procedimiento pierde su función garantista: la motivación se reduce a considerandos genéricos que impiden comprender la decisión; además, la falta de publicación de resoluciones en los portales institucionales limita el acceso a precedentes administrativos, , afecta el derecho de defensa y dificulta la argumentación en sede recursiva. En ese escenario, los recursos administrativos suelen volverse una instancia confirmatoria automática, en lugar de un control interno y corrección efectiva de la actuación estatal.

Finalmente, el silencio administrativo previsto en la Ley 2341 privilegia el silencio negativo, obligando al administrado a litigar para obtener tutela, en vez de promover decisiones oportunas.

b. La transformación digital sustantiva
Un ejemplo es la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), un avance relevante para los trámites de importación y exportación. No obstante, su impacto dependerá de que la digitalización sea sustantiva y no solo instrumental. Si el procedimiento mantiene el red tape (expediente físico, etapas redundantes, dilaciones o falta de respuesta) la plataforma solo trasladará ineficiencias a un nuevo soporte.

La modernización exige un rediseño integral: expediente electrónico, plazos auditables, interoperabilidad real y uso efectivo de la ciudadanía digital para superar la formalidad innecesaria del modelo analógico. Esto implica reducir requisitos y eliminar la solicitud reiterada de documentos que el propio Estado puede verificar

Finalmente, desarrollar plataformas de respuesta con plazos perentorios a consultas del administrado, que constituyan posición institucional, y no la opinión del servidor público a cargo del trámite.

c. Reforma procesal para procesos judiciales
La seguridad jurídica se consolida con un control judicial especializado, oportuno y predecible; sin embargo, la litigación contra el Estado sigue limitada por la dispersión normativa, que mantiene incluso la aplicación del Código de Procedimiento Civil de 1975, pese a que el Código Procesal Civil de 2013 ya no lo rige en materia civil. A esto se suma la sobrecarga procesal, que prolonga los procesos y eleva sus costos, por lo que es prioritario avanzar hacia un Código Procesal Administrativo, con órganos especializados y desconcentrados, y plazos razonables. En contratación pública, por ejemplo, la demora genera costos de permanencia, garantías y paralizaciones, desincentivando la participación privada.

Para que Bolivia sea atractiva para la inversión privada y extranjera, se requiere una reingeniería del Derecho Administrativo y de la gestión pública que brinde seguridad jurídica y una actuación estatal eficiente, coherente y orientada a resultados. Esta se consolida cuando el servidor público responde en plazos verificables, aplica criterios uniformes y limita la discrecionalidad con procedimientos claros, digitalización sustantiva e interoperabilidad real. Modernizar no es solo digitalizar trámites, sino rediseñar procesos para eliminar etapas innecesarias, simplificar requisitos y asegurar decisiones motivadas y oportunas, reduciendo riesgos, costos y barreras que desincentivan la inversión.

Salomón Eid
Socio enfocado en tecnología, fintech, startups e innovación. Especialista en estructuración corporativa y financiamiento de modelos digitales y criptoactivos. Promueve seguridad jurídica para sectores emergentes con proyección internacional.

Pablo Ordóñez
Líder de la práctica Tributaria. Especialista en estructuración fiscal, planificación tributaria y litigio estratégico en sectores como energía, hidrocarburos y commodities. Asesora inversiones y transacciones complejas con alto componente fiscal. Reconocido consistentemente por directorios internacionales como abogado líder en Derecho Tributario.

Alonso Indacochea
Socio Director. Co-lidera Corporativo, Banca y Finanzas, LegalTech y Startups. Especialista en estructuración y cierre de transacciones complejas, refinanciaciones y adquisiciones de carteras. Integra derecho, finanzas y tecnología bajo el concepto de “abogado estratégico”, promoviendo la modernización e innovación de la práctica legal en Bolivia.

Andere Indacochea
Socia de las áreas Laboral y Corporativa. Especialista en diseño y auditoría de relaciones laborales, negociación colectiva, debida diligencia y reestructuraciones empresariales. Reconocida por Chambers & Partners y Legal 500. Presidenta del Capítulo Laboral de ICC Bolivia, el primero a nivel mundial. Referente en Derecho Laboral estratégico y gestión de riesgos.

José Luis Tufiño
Referente histórico del Derecho Tributario en Bolivia. Con trayectoria desde 1987 en el sector público, consultoría internacional y práctica privada. Profesor de Derecho Tributario desde 1993 y miembro fundador del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios. Reconocido por Chambers & Partners y Legal 500 como “Senior Statespeople” en materia fiscal.

Mattias Garrón
Socio y líder de Minería y Recursos Naturales. Asesora desarrollo y adquisición de proyectos mineros, litio e hidrocarburos. Integra análisis regulatorio, estructuración contractual y sostenibilidad en sectores estratégicos.

Ana Valeria Escobar
Socia y líder de Propiedad Intelectual y Privacidad de Datos. Especialista en protección estratégica de activos intangibles y estructuración de modelos de negocio basados en conocimiento y tecnología. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en valorización, licenciamiento y expansión. Consolidó un equipo referente en Bolivia, impulsando una visión moderna donde los intangibles son motores de valor. Certificada en privacidad de datos (CIPP).

Alejandro Pemintel
Socio en Resolución de Disputas y Derecho Laboral. Representa intereses corporativos en litigios civiles, comerciales, arbitrajes y controversias laborales de alta complejidad. Reconocido internacionalmente por su práctica en disputas estratégicas y gestión preventiva de conflictos.

Pilar Soruco
Socia y referente histórica en Propiedad Intelectual en Bolivia. Amplia experiencia en registro y defensa de marcas, patentes y derechos de autor. Ha contribuido al fortalecimiento institucional y a posicionar los intangibles como activos estratégicos empresariales.

Diego Böhrt
Socio Senior y líder de Derecho Público y Defensa de la Competencia. Especialista en regulación económica en sectores como telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y aeronáutico. Experiencia en negociación contractual y consultoría para organismos internacionales. Impulsa modernización regulatoria y transición energética.

Marcial Fernández
Socio en Derecho Corporativo y Comercial. Especialista en organización societaria, contratación y estructuración de operaciones empresariales complejas. Asesora procesos de expansión y reorganización con enfoque estratégico y sostenible.

Carlos Pinto
Socio Senior. Lidera las prácticas de Derecho Corporativo, M&A y Financiamiento. Asesora a instituciones financieras internacionales, multinacionales y grupos locales en transacciones estratégicas, restructuraciones complejas y operaciones multijurisdiccionales, incluyendo adquisiciones, financiamientos estructurados en minería y energía y operaciones de capital privado. Reconocido por su enfoque técnico y criterio comercial, ha sido destacado por directorios internacionales en Banca y Finanzas y Derecho Corporativo.

Lindsay Sykes
Socia Co-Directora. Lidera Compliance y Arbitraje Internacional. Ha gestionado investigaciones transfronterizas y controversias de alta sensibilidad. Referente en gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento normativo bajo estándares internacionales.

Anwar Farah
Socio enfocado en estructuración y expansión internacional de negocios. Asesora procesos transfronterizos y desarrollo regional de compañías bolivianas, integrando estrategia corporativa y gestión regulatoria en múltiples jurisdicciones.