Diego Böhrt

“Un reto crucial es diversificar la matriz productiva y generar políticas de Estado que permanezcan a largo plazo, más allá de los cambios de gobierno”

Diego es abogado titulado por la Universidad Católica Boliviana, con un Máster en Economía y Regulación de la Universidad de Barcelona y ha realizado cursos de posgrado y especialización en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Bolivia. A sus 50 años cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional, pues comenzó su carrera como abogado en instituciones reguladoras de telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos, y posteriormente, en la práctica privada, hizo consultorías para organismos internacionales, brindando asesoría jurídica integral a empresas reguladas. Es socio de PPO Abogados desde sus inicios como firma independiente y, actualmente, socio de PPO Indacochea, la mayor firma legal multiservicio del país.

“PPO Indacochea ha logrado consolidarse como una firma legal de referencia en Bolivia, gracias a su capacidad de adaptación a un entorno normativo y político en constante cambio. Entre sus logros más destacados se encuentran la expansión de sus áreas de práctica hacia sectores estratégicos como energía, hidrocarburos, farmacéutico, Fintech, litigios y arbitraje internacional. Asimismo, ha implementado estándares globales de compliance y criterios ESG (Environmental, Social and Governance), lo cual ha reforzado su reputación y generado confianza en clientes nacionales y extranjeros. Uno de los aspectos claves para el éxito de la firma, ha sido mantenerse fiel a sus características de firma institucionalizada, meritocrática, e inclusiva, en la que todos sus miembros tienen la posibilidad de desarrollarse sin ninguna limitación más que sus propias capacidades y compromiso. Un desafío significativo ha sido operar en un contexto de incertidumbre regulatoria y polarización institucional. En este entorno, PPO ha mantenido su independencia profesional y su ética, ofreciendo asesoría preventiva para asegurar la atracción y continuidad de inversiones y proyectos. La firma debe seguir trabajando en su capacidad de gestión de riesgo y en la búsqueda de respuestas innovadoras que salvaguarden la seguridad jurídica para sus clientes, especialmente en áreas que requieren estabilidad normativa”.

Con relación a su mirada sobre los 200 años de Bolivia nos dice: “El bicentenario es mucho más que un aniversario; es el momento ideal para reflexionar sobre nuestra historia y proyectar el país que queremos. Bolivia ha experimentado avances importantes, aunque insuficientes relacionados con la revalorización de las culturas ancestrales y la inclusión de sectores tradicionalmente marginados en instancias de decisión, tanto en el ámbito público como privado, proceso que aun cuando ha sido contaminado por intereses políticos, sienta las bases para la construcción de un país más participativo y plural. No obstante, persisten desafíos como la inseguridad jurídica, la dependencia de la economía extractiva y la fragmentación política. Un reto crucial es diversificar la matriz productiva y generar políticas de Estado que permanezcan a largo plazo, más allá de los cambios de gobierno. Bolivia necesita entre otras cosas: abrirse e integrarse al mundo activamente; fortalecer sus instituciones democráticas; transformar integralmente la justicia para que ésta sea accesible y libre de corrupción e injerencia política; construir consensos amplios y promover un desarrollo sostenible e inclusivo para enfrentar con éxito los retos del bicentenario”, afirma y agrega: “Los estudios jurídicos han sido actores relevantes en la construcción de la identidad boliviana desde la fundación de la República. Han participado en la redacción de los primeros códigos civiles y comerciales, la elaboración de políticas públicas y la atracción de inversiones, independientemente de los retos coyunturales que en distintas etapas dificultaron esta tarea. En cada reforma estructural, los abogados han servido como puente entre el sector público y el privado en un entorno siempre desafiante. Su rol ha sido fundamental para procurar la legalidad y transparencia de las decisiones que han moldeado con sus altibajos la historia del país”.

Finalmente nos deja un importante mensaje: “A 200 años de la fundación de Bolivia, el bicentenario no debe ser solo un momento de celebración, sino una oportunidad para renovar el pacto social y repensar el rumbo de la nación. Los próximos años serán cruciales para fortalecer la democracia, diversificar la economía y garantizar un desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y natural del país. En este contexto, el compromiso desde el ámbito legal es garantizar el respeto al Estado de Derecho, promover el acceso igualitario a la justicia y contribuir activamente en la construcción de instituciones sólidas y transparentes. Que el bicentenario sea un punto de partida para una Bolivia más inclusiva, próspera y resiliente, donde la justicia y la equidad sean valores centrales y compartidos por todos”.